Uruguai: Vázquez destitui chefe do Exército

Los uruguayos se sorprendieron cuando al mediodía del jueves el Ministerio de Defensa comunicó oralmente a los medios que el Presidente de la República , Tabaré Vázquez “había relevado” al Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Carlos Díaz y nombrado, provisoriamente, para atender el despacho, al General Manuel Saavedra. Horas más tarde un escueto comunicado del Ministerio informó que “ La decisión fue motivada por las reuniones que dicho Oficial General mantuvo y programó con altos dirigentes políticos sin poner en conocimiento previo al Mando Superior”.

El Presidente de la República , que se encontraba cumpliendo un acto oficial a 280 quilómetros al este de la capital, interrogado por los periodistas, manifestó: “Tuvo (el General Díaz) una reunión con dirigentes políticos del Partido Colorado y tenía previstas aparentemente, por lo que dice el medio de prensa (Semanario “Búsqueda”), entrevistas con el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga. Estas reuniones las mantuvo sin comunicar y pedir la autorización correspondiente ni al presidente de la República ni a la ministra de Defensa (…) “Las autoridades militares dependen del mando superior y el mando superior es el presidente de la República electo por el pueblo uruguayo. Y hay que respetar esa cadena de mando. Cuando no se respeta se produce una falta que es considerada grave. Yo lo lamento enormemente; siento un gran aprecio por el comandante Díaz, creo que es una excelente persona. Se equivocó, pero estos errores lamentablemente no se pueden cometer”.

La reunión del General Díaz fue con el ex presidente, Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, ambos del Partido Colorado y, según el Semanario “Búsqueda”, pensaba reunirse con el ex presidente, Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional y con el actual presidente del directorio de este partido, el senador Jorge Larrañaga. Los dos partidos mencionados constituyen la oposición al gobierno y son severos críticos de la política inaugurada por Vázquez al comenzar su gestión, de investigar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la pasada dictadura (1973-1984) y la suerte corrida por los desaparecidos.

El ejército, que es la rama militar que mayor responsabilidad tiene en esos delitos, bajo la jefatura del General Angel Bertolotti, ahora en retiro, y de su sucesor, Carlos Díaz, nombrado por Vázquez, habría accedido a una investigación limitada, presionado por las categóricas evidencias presentadas por la Comisión integrada por familiares de desaparecidos, esperando del gobierno, a cierta altura, una “ley de punto final”. Los escasos resultados obtenidos, incluso el “traspié” del General Bertolotti que indicó a la nieta del poeta argentino, Juan Gelman, el lugar donde se encontraba el cuerpo de su madre asesinada, sin que aparecieran los restos, al realizarse la excavación, más las manifestaciones que el General Díaz habría hecho al Secretario de la Presidencia , Gonzalo Fernández (desmentidas por aquél), de que hubo un “segundo vuelo de la muerte” de la Argentina al Uruguay, en el marco de la “Operación Cóndor” (Plan coordinado de los Servicios de Inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para eliminar a los opositores a las respectivas dictaduras), cuyos 22 detenidos-desaparecidos, fueron ejecutados por el ejército, han motivado un movimiento para anular la ley de caducidad de la potestad del Estado de castigo a los delincuentes, de diciembre de 1986, cuyo artículo 1º expresa: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

El Doctor Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, durante su primer Presidencia (1985-1990), redactó esta ley y ha considerado siempre que ella era necesaria, como la amnistía a los presos políticos y a las organizaciones guerrilleras, “para un cambio en paz”. Este criterio también ha sido seguido por el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, y el Doctor Jorge Batlle (2000-2005), el anterior mandatario “colorado”. Es lo que en Uruguay se conoce como la “teoría de los dos demonios” que significa avalar el terrorismo de Estado contra los que se opusieron a la dictadura, cualquiera fuere su naturaleza.

La llegada del Frente Amplio-Encuentro Progresista al gobierno, que es un amplio abanico de fuerzas sociales y políticas, especiales víctimas de la dictadura, abrió la “caja de Pandora” que celosamente mantuvieron cerrada los gobiernos colorados y nacionalistas, amparándose en un artículo de la ley –el 4º- cuya redacción se atribuye a una exigencia del líder nacionalista –fallecido-, Wilson Ferreira Aldunate, y que los partidos, ahora en la oposición, ignoraron. Dice esta norma: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”.

Igualmente, el gobierno del Presidente Vázquez ha sido respetuoso con los tratados de extradición firmados por el país con otros Estados y por las convenciones internacionales sobre derechos humanos, suscritas por el Estado uruguayo, para entregar a aquellas personas que cometieron delitos en otros países. En esta situación se encuentran numerosos militares, unos en actividad y otros en retiro. Chile y Argentina han formulado esos reclamos y el gobierno ha respetado el fallo del Poder Judicial que es el encargado de evaluar la solicitud.

Para evitar esta eventualidad, los partidos de oposición se han negado a votar, en el Senado o Cámara Alta (Uruguay tiene un Poder Legislativo bicameral), la venia para designar Fiscal de Corte a la Doctora Mirtha Guianze por su posición en la interpretación de la “Ley Sanguinetti” de impunidad. El gobierno tiene en esa cámara, la mayoría absoluta, pero se necesitan 3/5 de los integrantes del cuerpo, para aprobar el nombramiento. Pese a esta oposición, el Presidente Vázquez designó en forma interina, a la Doctora Guianze , decisión que los partidos Colorado y Nacional, han calificado de inconstitucional y autoritaria.

El semanario de izquierda independiente, “Brecha”, decía hace siete días, que la Fiscal Guianze “ simboliza el afán de justicia contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura” y que tiene en sus manos los expedientes del ex-dictador colorado, José María Bordaberry y del ex canciller, Juan Carlos Blanco, responsables políticos de los asesinatos en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976, de los entonces legisladores Zelmar Michelini (frenteamplista) y Héctor Gutiérrez Ruiz (nacionalista), por un comando de los servicios de inteligencia de la dictadura uruguaya, identificado, y sus integrantes procesados. La Doctora Guianze considera que la “Ley de impunidad”, no alcanza a los altos mandos, incluyendo al Presidente de la República , por lo que el dictador Bordaberry, que no ha sido molestado, en estos veinte años de vida democrática, por la protección que le han dado los gobiernos colorado y nacionalista, estaría corriendo el riesgo cierto de ser procesado.

Fue en este clima que se realizó el encuentro entre el Comandante en Jefe, Díaz, y el ex Presidente Sanguinetti. Medios gubernamentales acusan al ex presidente colorado de haberle “tendido una trampa” al General Díaz. Sin embargo ambos tenían buenas razones para discutir la situación, ya que el Comandante se mueve por un sendero muy estrecho, presionado por los militares que hicieron el trabajo sucio de la dictadura y que han resultado protegidos, hasta marzo de 2005, por la interpretación falaz de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, que han hecho los gobiernos colorado y nacionalista, durante dos décadas; y el dirigente colorado por su condición de garante de un pacto, celebrado en 1984 con los militares, cuyos verdaderos alcances el país desconoce.

Pero tanto el General Díaz como el Doctor Sanguinetti, sobrestimaron sus fuerzas y la reacción fulminante del Presidente Tabaré Vázquez, puso las cosas en su lugar.

Ruiz Pereyra Faget