Declaración del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires
En las últimas semanas nuestro país se ha visto inmerso en un conflicto sectorial por cuyas consecuencias y magnitud se afectó la vida de todos los argentinos.
De un modo perverso se hizo vivir a las familias argentinas tiempos de zozobra. Rutas cortadas que impedían el normal abastecimiento de productos esenciales y una acción psicológica mediáticamente multiplicada generaron un clima de angustia intolerable.
Un sector económico y social le impuso al resto de los argentinos su disconformidad con medidas adoptadas por un Gobierno que realizó un uso legítimo de las atribuciones constitucionales.
Ningún gobierno democrático, y mucho menos aún las dictaduras debieron afrontar el nivel de oposición y violencia que exhibieron estos grupos y lo que significó la persistencia de las acciones que este sector desplegó por meses. Sin dudas se apuntó a minar la esencia y los mecanismos del sistema democrático desconociendo a sus instituciones y a quienes fueron elegidos para representar la voluntad de los ciudadanos.
Todo ello fue posible gracias a un formidable aparato propagandístico que en forma sistemática deformó la realidad.
El peronismo exhibe una extensa trayectoria de luchas a favor de los más pobres y desprotegidos. Nació y justificó su existencia como movimiento político que reivindicó el derecho del pueblo a condiciones de vida justas. El peronismo entiende a la política como la construcción colectiva de un bienestar que debe ser y alcanzar a todos. No puede haber en la Nación realización de un grupo o de un sector sobre la base de la postergación de otro.
Fue el esfuerzo compartido por todos los argentinos el que permitió dejar a tras la peor crisis de la historia apenas comenzado el nuevo siglo. Fue necesario volver a poner en marcha el aparato productivo, poner de pié a la nación frente a los poderes internacionales, reinstaurar la plenitud de la Justicia e reintegrar a una vida social digna a millones de compatriotas a los que se había excluido. Se hizo mucho y mucho queda por hacer.
Fueron las políticas llevadas adelante por el Gobierno nacional desde 2003 las que permitieron transformar favorables condiciones económicas internacionales en una oportunidad para la Argentina. Los buenos resultados no son automáticos. El conjunto de medidas que posibilitaron mejorar año tras año la situación del sector agroganadero y de las industrias vinculadas al mismo fueron resultado del aporte del conjunto de la sociedad. Esto no puede escapar a la consideración honesta de ningún ciudadano, independientemente de su bandería ideológica o política.
El mundo enfrenta los desafíos de una vertiginosa suba de precios de los alimentos que está impactando en las capacidades de consumo de miles de millones de personas. Ante esta realidad el Gobierno Nacional se propuso sostener el desarrollo y crecimiento sustentable de este sector clave de la economía, proteger el derecho de todos los habitantes del país al acceso a su alimentación básica y favorecer la integración social propiciando la distribución del ingreso.
Adoptadas esas medidas, se convocó a un diálogo amplio que esos sectores pretendieron transformar en un mero acto de imposición de sus condiciones e intereses.
Hoy lo que está en juego es el principio mismo del sistema democrático. Ningún sector puede invocar intereses por encima de los del conjunto de la Nación.
El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires quiere expresar su más firme apoyo a las políticas de distribución del ingreso y fortalecimiento de la democracia que impulsa el Gobierno Nacional a través de la Presidenta Compañera Cristina Fernández de Kirchner.
Afirmamos nuestro compromiso con el más estricto respeto a las instituciones que consagra la Constitución Nacional y el ejercicio pleno de la autoridad presidencial.
Llamamos a todos los argentinos, y en particular a los de esta Ciudad, a ser consecuentes con los principios de la legalidad constitucional y con el compromiso de continuar construyendo una nación socialmente más justa.
Buenos Aires, 25 de junio de 2008
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