Colômbia de Uribe acusado e condenado

O Tribunal Internacional contra a Impunidade condenou em 25 de Novembro as graves violações contra direitos humanos e crimes contra a humanidade em Cuidad Bolívar e no Bairro Altos de Cazucá, sul de Bogotá, perpetrado pelo Governo da Colómbia. O tribunal também indica a responsabilidade da União Europeia, os EUA, três multinacionais e os municípios de Bogotá e Soacha.

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Colômbia de Uribe acusado e condenado

Tribunal Internacional condena a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos

Edwin Novoa | Periódico El Turbión

El fallo dictado el pasado sábado, 25 de noviembre de 2006, en horas de la tarde por el Tribunal Internacional contra la Impunidad, tras analizar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar y, en particular, en el barrio Altos de Cazucá del sur occidente de Bogotá, declaró responsables de estos ilícitos al actual gobierno colombiano, a la Unión Europea, al gobierno de los Estados Unidos, a tres multinacionales, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a los organismos de seguridad del Estado.

El Tribunal Internacional fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, diversas organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá y el Proyecto Justicia y Vida.

El Tribunal, realizado los días 24 y 25 de Noviembre en el capitolio, se convocó a raíz de cerca de 600 homicidios, múltiples atropellos de las autoridades, y un sin fin de hechos sistemáticos, reprochados por la comunidad Internacional. Si bien esta decisión no es jurídicamente vinculante, construye opinión pública alrededor de estos graves hechos, ocultados por los medios de comunicación de los monopolios.

Ocho jueces conformaron el tribunal: el maestro François Houtart de Bélgica, como presidente; el padre Javier Giraldo, vicepresidente; Carmen Kardag de Filipinas; Patricia Dahl de Estados Unidos; Alexis Ponce de Ecuador; James Deckard y el maestro Orlando Fals Borda. Ejerció como fiscal Christopher Ferguson de Suiza. Adicionalmente, se esperaba la asistencia de representantes del Estado colombiano, que no se presentaron a justificar la política de seguridad democrática y sus efectos.

El tribunal fue instalado por el senador Alexander López Maya y por el presidente del mismo. Posteriormente, se dio lectura a una ponencia de Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, y otra del padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos, en las que se explicó el grave contexto de impunidad que se vive en Colombia, a raíz de las políticas de seguridad democrática del actual gobierno, la llamada ley de justicia y paz, y las políticas neoliberales.

Demostradas graves violaciones a los derechos humanos

A través de 21 testimonios recibidos y analizados por el tribunal, se pudo apreciar el carácter sistemático de los graves hechos violatorios de toda normatividad en materia de Derechos Humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, capturas y detenciones ilegales, control territorial por parte de paramilitares, etc. En suma, crímenes de lesa humanidad que, principalmente, han afectado a la población más joven, violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y, en sentido general, a los derechos sociales, económicos y culturales, que han sido desconocidas por el Estado Colombiano.

Sin embargo, es muy importante aclarar que todos estos hechos, documentados y probados a través de los testimonios, no son situaciones aisladas o repentinas, ni tampoco son brotes de desorden público: obedecen a toda una política estatal y sistemática en la que las organizaciones paramilitares, paradas sobre un piso jurídico de impunidad, ejercen todo tipo de represión, tolerada y, además, incitada por la propia Fuerza Pública.

De acuerdo a las evidencias presentadas, el tribunal señaló que estos hechos no se presentan repentinamente, ni por una simple lucha por ejercer un control territorial, sino que son causados por la imposición de políticas neoliberales y por una marcada disposición de darle cabida a intereses de multinacionales extranjeras: la zona sur de Bogotá y, específicamente, Altos de Cazucá y una gran parte de Ciudad Bolívar poseen un alto potencial de recursos mineros que se explotan ampliamente para el sector de la construcción y, por lo tanto, representan una inmensa fuente de dinero, que no está al alcance de los habitantes de la zona.

El Parque Minero Industrial que se conformó en la zona, además de lesionar de forma grave el medio ambiente, al ser minería a cielo abierto, es el resultado de la imposición de políticas recetadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, lo que implicó que las explotaciones mineras fueran apropiadas por cuatro multinacionales, a través del uso desmedido de la fuerza y bajo el marco de la seguridad democrática.

La supuesta conservación del orden público, con el fin de que las multinacionales, que conforman un monopolio, puedan trabajar en la zona, ha llevado a pactos entre éstas y fuerzas paramilitares que, según los testimonios, usando el pretexto de acabar con la drogadicción y con la delincuencia común, cometen infinidad de arbitrariedades, capturas totalmente ilegales, desapariciones forzadas, etc.

Esto se demuestra en la existencia de 'listas negras', descritas por los testigos, en donde no se persiguen delincuentes comunes, ni pandillas, sino que es toda una estrategia de señalamiento y persecución contra cientos de jóvenes y líderes sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá.

Desconocimiento al Derecho Internacional Humanitario

Las políticas de violación de las normas internacionales, a través del fortalecimiento de grupos paramilitares, hacen parte de las estrategias de represión del actual gobierno. Se demostró, de forma contundente, que jóvenes del sector son obligados a pertenecer a los grupos paramilitares que operan en la zona, Bloque Capital y Centauros, y que, en otras ocasiones, son invitados de manera reiterada a pertenecer a la red de informantes que constituye la punta de lanza de la llamada política de seguridad democrática.

De este modo, la población civil ha sido presionada, de manera totalmente ilegal, para hacer parte de estrategias de militarización de diversa índole y padece, además, ataques sistemáticos que, directamente, se colocan en contravía de los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Absoluta impunidad

La impunidad frente a toda esta grave situación es flagrante y, como dice la sentencia del tribunal, "es impresionante". La verdad acerca de estos hechos nunca ha sido promulgada, ni por el Estado ni por los medios de comunicación monopólicos, y, lo que es peor, ni siquiera las víctimas conocen la verdad sobre lo sucedido con sus familiares y amigos. Las investigaciones nunca se llevan a cabo o no presentan resultados, como se documenta en los testimonios.

La ayuda mutua entre los cuerpos de policía, los grupos paramilitares y los intereses de las multinacionales impide la administración de justicia en los innumerables casos de violación a los derechos humanos, lo que imposibilita que se alcancen soluciones reales a esta dura problemática: sin justicia no hay paz. En este sentido, la impunidad no es aislada, sino que desde la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), de forma esquemática, pública y abierta, la impunidad acoge todas las esferas del conflicto con las autodefensas, por lo que, según el Padre Javier Giraldo, la "justicia es amañada".

La impunidad no es un hecho de omisión, sino que "es un grave crimen en sí mismo, es una institucionalización activa de la injusticia: la impunidad es justificada fuertemente como un mal necesario para lograr la pacificación, pero debe tomar responsabilidad el Estado porque, decimos, la paz no es posible sin la justicia, y la justicia no es posible sin la verdad", de acuerdo con las palabras de Christopher Ferguson, en el proyecto de sentencia.

La sentencia

Después de deliberar, el tribunal llegó a la decisión de condenar, principalmente, al Estado colombiano. Para ello, se fundamentó en un análisis del contexto político e histórico de Colombia, en la realidad específica de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en la normatividad internacional y en los veintiún testimonios recibidos.

Se llegó a la conclusión de declarar moral y políticamente responsable al Estado Colombiano en tres sentidos. Primero, por las omisiones, pues no se ha protegido a la población civil de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos; segundo, por las acciones de complicidad y encubrimiento hacia los grupos paramilitares, y, tercero, por la flagrante situación de impunidad en los hechos ya narrados.

Se reprochó, además, que la política de seguridad democrática y de represión es un elemento fundamental para que se cometan estos ilícitos, por lo que se condenó al gobierno de los Estados Unidos por permitir y ayudar en políticas como el plan Colombia y el consenso de Washington. La Unión Europea también fue condenada, por la financiación de los proyectos de la Ley de Justicia y Paz y de desmovilización.

Por lesionar el medio ambiente y por encubrir y financiar grupos paramilitares, fueron condenadas las multinacionales Cemex de México y Ladrillera Santa Fe, entre otras, principales beneficiarias de la explotación minera en la zona.

También fueron condenados los cuerpos policiales y, en general, de la Fuerza Pública, por no proteger a las víctimas, por la infinidad de capturas ilegales y desapariciones forzadas en las que se han visto involucrados, y por la ayuda y tolerancia con grupos paramilitares. En este mismo sentido, se condenó a las alcaldías de Bogotá y Soacha.

De este modo, se hace necesaria la publicación y divulgación de los hechos de Ciudad Bolívar y Cazucá, y de la sentencia del tribunal, pues sólo de este modo se da un paso hacía la consecución de la verdad, de una memoria colectiva histórica y de la justicia para las víctimas, porque estos hechos han sido ocultados permanentemente bajo la sombra de la lucha contra la delincuencia común y, lo peor, tras la supuesta lucha contra el terrorismo.