Uruguai: Apreciação da governação

Uruguay: El gobierno está dividido en temas estratégicos

Photo: Uruguai: Apreciação da governação

Uruguai: Apreciação da governação

En reciente entrevista concedida por el presidente Tabaré Vázquez a un canal de televisión, admitió que la política económica que sigue el gobierno es la continuación de la implementada por su antecesor, el ex presidente Batlle, a partir de la crisis económico financiera del año 2002. Esta política, que permitió superar transitoriamente la difícil coyuntura, según Vázquez es la que venía sosteniendo el Frente Amplio y, por lo tanto, es la que actualmente sigue.

Las declaraciones del presidente uruguayo no causaron mayor sorpresa, en cuanto a que la política económica neoliberal que lleva adelante el ministro Astori es la misma que aplicó el ex ministro de Economía del gobierno de Batlle, Alejandro Atchugarry. La novedad está en haber sostenido que el Frente Amplio se la dictó al gobierno, en el 2002, y que era la que su formación política defendía.

Esa política consistió: a) en devaluar la moneda un 100%; b) solicitar un préstamo de 1500 millones de dólares al FMI, al Banco Mundial y al BID (préstamo que fue anticipado provisoriamente por el presidente Bush) para evitar la declaración de quiebra ante sus acreedores y levantar el feriado bancario para las cuentas corrientes y de ahorro c) liquidar cuatro bancos comerciales haciéndose cargo el Estado de parte de las pérdidas (835 millones de dólares) y d) eventual liquidación del Banco Hipotecario del Estado.

Los préstamos de la banca multilateral fueron garantizados por las sucesivas cartas de intención firmadas por el gobierno uruguayo ante el Fondo Monetario Internacional, organismo que exigió una rigurosa política presupuestal, que le asegurara el reembolso de intereses y de amortizaciones en los tiempos previstos. A casi 16 meses de instalado el gobierno de centro-izquierda, y por esta política acordada, el Estado ha quedado sin recursos disponibles para la inversión pública, para el crédito a la producción, para resolver el endeudamiento en dólares de decena de miles de productores y consumidores y para mejorar los salarios de los trabajadores y las jubilaciones y pensiones, llevándolas a un nivel satisfactorio.

Otro compromiso asumido por el gobierno de Batlle y que hizo suyo el actual, fue una reforma fiscal, cuyo objetivo es dar mayor tranquilidad a los acreedores de que las pesadas obligaciones financieras serán cumplidas, con un holgado superávit primario. El ministro de Economía, Danilo Astori, sostiene que la reforma –que introduce un llamado Impuesto a la Renta de la Persona Física que no es tal- mejora la justicia en la distribución de la carga fiscal de la población. Sin embargo, el mínimo no imponible de los ingresos personales es de 7000 pesos (280 dólares) cuando la canasta básica del consumo familiar es de 28.000 (1,120 dólares). A partir de aquel mínimo, el gravámen será, para activos y jubilados, de un 10% y un 15%, más allá de los 20 mil pesos.

En la coalición gobernante, la fuerza principal es el Movimiento Popular y Progresista que lidera el Ministro de Ganadería, José Mujica. Hasta hace dos meses, este dirigente, con fuerte oposición interna en su sector, trató de unir al gabinete detrás de la línea del presidente, sin ocultar diferencias con la conducción económica. Pero el tema del endeudamiento de productores rurales, que Mujica se comprometió en la campaña electoral a resolver a través de una ley, y que el gobierno, respondiendo a una exigencia del FMI, acordó tratar caso por caso, así como profundos cuestionamientos a la reforma tributaria, lo han llevado si no a abandonar, atenuar, aquel papel mediador, con lo que el presidente Vázquez se ha quedado sin un articulador dentro del gabinete de su política.

Por otra parte, acaba de culminar el Congreso del Partido Comunista del Uruguay, que tiene a su Secretaria General, Marina Arismendi, como titular del Ministerio de Desarrollo Social, el que ha emitido una dura crítica a la política económica que sigue el ministro Astori así como el rechazo a la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que impulsa el ministro de Economía y el ministro de Industria, Jorge Lepra, ex gerente local de la empresa norteamericana Texaco, con la oposición, además, del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano.

Política económica y tributaria para pagar una deuda externa, situada en el 90% del Producto Bruto Interno y que impide volcar recursos a la actividad productiva, resolver el endeudamiento interno y el pago de la deuda social, así como un TLC con Estados Unidos que nos retrotraería a la condición de vasallo del imperio, son temas estratégicos que están dividiendo al gobierno.

El presidente Vázquez, que atacó al MERCOSUR, amenazando, en su viaje de mayo a Washington con abandonarlo, mientras gestionaba un TLC con Estados Unidos, parece buscar ahora una mejor inserción regional, favorecido por el “Nuevo Trato” que le ofrece Brasil y la actitud conciliadora del presidente Kirchner que ha seguido a la presentación de la demanda argentina en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación de plantas de celulosa, en el fronterizo Río Uruguay, que considera contaminantes. Pero en octubre Vázquez deberá darle una respuesta a Bush sobre el controvertido tratado comercial al que se oponen, hasta ahora, Brasil y Venezuela y la política exterior uruguaya tendrá que definirse sin apelación.

Ruiz Pereyra Faget