Violações dos direitos humanos pelo Estado marroquino no Sahara Ocidental ocupado

En el amanecer del 8 de noviembre 2010, soldados, fuerzas de la Gendarmería, policía y cuerpos auxiliares atacaron violentamente a decenas de miles de saharauis civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos, que habían acampado en el campamento de Izik de Gdeim, al este de la ciudad ocupada de La RASD.

O Caso de Gdeim Izik

República Árabe Saharaui Democrática

Ministério dos Negócios Estrangeiros

MEMORANDO

Sobre as violações dos direitos humanos pelo Estado marroquino no Sahara Ocidental ocupado

Introducción

En el amanecer del 8 de noviembre 2010, soldados, fuerzas de la Gendarmería, policía y cuerpos auxiliares atacaron violentamente a decenas de miles de saharauis civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos, que habían acampado en el campamento de Izik de Gdeim, al este de la ciudad ocupada de La RASD. Las fuerzas marroquíes utilizaron helicópteros y camiones militares, gases lacrimógenos y cañones de agua caliente, así como armas de fuego contra los civiles.

De manera brutal e indiscriminada, las fuerzas marroquíes procedieron inmediatamente a destruir y quemar las tiendas y bienes pertenecientes a los acampados. Como resultado, fue desmantelado en el espacio de una hora un campamento que alojaba a aproximadamente 30.000 personas viviendo en alrededor de 8.000 tiendas.

El ataque violento se llevó a cabo contra un campamento de manifestantes que, desde el inicio de su protesta en octubre de 2010, destacó el carácter pacífico de su protesta, un hecho que ha sido corroborado por medios de prensa internacionales y observadores independientes. Los manifestantes dejaron muy claro desde el principio que estaban en contra de cualquier forma de violencia. Esta es la razón por la que habían elegido un lugar situado a 10 km de la ciudad a fin de evitar cualquier perturbación del orden público.

Las víctimas de este ataque brutal, que se llevó a cabo al amparo de la oscuridad, son sólo mujeres, niños, personas mayores y jóvenes que decidieron este método de protesta pacífica  contra las deterioradas condiciones socio-económicas y políticas en la que han estado viviendo durante más de 35 años bajo la ocupación ilegal de Marruecos de su país.

Las autoridades marroquíes decidieron tomar esta medida agresiva de forma premeditada como reacción a la creciente importancia del campamento de Izik de Gdeim como símbolo de rechazo a la ocupación. Las autoridades marroquíes, en vísperas del asalto, procedieron a expulsar a medios informativos internacionales y observadores independientes que se encontraban en la zona, a cercar al campamento y a la ciudad de Aaiun. Tropas estacionadas en el "muro militar" marroquí que divide el Territorio y población saharaui en dos partes fueron traídas como refuerzo.

Las fuerzas marroquíes, tras el violento desmantelamiento del Campamento de Gdein Izik, lanzaron la persecución de los civiles por las calles de la ciudad de Aaiun y en las afueras, donde se desplegaron policías civiles y colonos marroquíes que fueron incitados a participar en actos documentados en conocidas websites (Youtube, Facebook) de intimidación, secuestro, linchamiento, quema de casas y saqueo de bienes saharauis.

En estas condiciones de terror, tensión y conmoción resultantes de la operación militar marroquí, muchas personas murieron, cientos fueron heridos, desaparecidos y detenidos.

El asedio impuesto, el terror derivado del asalto al campamento, y la persecución imperante en los territorios ocupados hacían difícil para los saharauis que viven allí el determinar el número de muerto y solicitar información sobre las personas desaparecidas. Los heridos permanecieron escondidos por un largo tiempo, en casas propias o de familiares por temor a ser objeto de represalias por las autoridades marroquíes en los hospitales, y las familias no podían tener acceso a ninguna información sobre el paradero de los suyos que habían sido secuestrados o detenidos por las fuerzas marroquíes. Mientras tanto, las personas que fueron detenidas fueron torturadas y forzadas a firmar confesiones.

Los crimenes resultantes de este violento ataque habían comenzado antes de la operación de desmantelamiento cuando la gendarmería marroquí mató a balazos al niño Nadjem Mohamed Fadel Karhi el 24 de octubre de 2010. La última victima conocida fue Sidi Ahmed Abdelwahab que recibió un disparo por un oficial de policía marroquí, al amparo de la oscuridad, el 22 de diciembre de 2010.

El asalto y robo a casas, secuestros y detenciones de saharauis han continuado hasta la fecha. Los últimos informes hablan de 200 detenidos y el Gobierno de Marruecos ha decidido llevar a veinte de ellos 20 de ellas ante un tribunal militar.

Los testimonios dados por los activistas de derechos humanos y periodistas extranjeros que habían logrado difícilmente entrar en los territorios ocupados o aquellos que decidieron quedarse con los residentes del campamento antes y después del asalto del campamento de Izik de Gdeim revelan hechos que reflejan la dimensión del terror vivido. Lo que ha sucedido en Gdeim Izik recuerda las campañas de exterminio llevadas a cabo por las fuerzas marroquíes a raíz de su invasión militar del Sáhara Occidental el 31 de octubre de 1975 y en los años siguientes, lejos del escrutinio del mundo.

La gravedad de estos acontecimientos fue destacada ampliamente por los medios de comunicación internacionales a pesar de no poder acceder con libertad al terreno de los hechos. Es esta gravedad la que justificó que el Consejo de seguridad, a petición de México y otros Miembros, como Nigeria, Uganda, se reuniese el 16 de noviembre 2010 en sesión extraordinaria para examinar la situación y expresar su "seria preocupación sobre lo sucedido". Muchas organizaciones internacionales, como la Unión Africana, el Parlamento Panafricano, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano y muchos parlamentos nacionales, partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales en diferentes países, así como personalidades del mundo han expresado su condena y profunda preocupación por estos acontecimientos.

En este contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos fueron los primeros en alertar sobre la gravedad de estos acontecimientos y pedir la intervención internacional para detener las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Entre estas organizaciones se encuentran, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la propia Asociación marroquí de derechos humanos,  la Federación Internacional para los derechos humanos, la Organización Mundial contra la tortura, el Centro Robert f. Kennedy para la justicia y derechos humanos, el Consejo superior de abogados en España y en primera línea, entre otros.

Es de señalar que, durante la reunión del Consejo de seguridad de la ONU, dedicada a la cuestión del Sáhara Occidental, la MINURSO dijo que las autoridades marroquíes le habían negado el acceso al lugar de los hechos para investigar lo acontecido.

II. Examen de los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación marroquí de derechos humanos sobre el ataque militar marroquí en Gdeim Izik del 8 de noviembre de 2010 y los desarrollos posteriores que ocurrieron en la ciudad de Aaiun.

Dos meses después del ataque violento contra el campamento de Gdeim Izik, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación marroquí de derechos humanos elaboraron sus respectivos informes que, debido a las condiciones de bloqueo y restricción en las que se hicieron, no son más que indicativos de lo que había sucedido.

1. La naturaleza del conflicto y antecedentes históricos

El conflicto en el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización en el orden del día de la IV Comisión de las Naciones Unidas, que como tal ha de resolverse a través del ejercicio del derecho a la libre determinación.

Estas organizaciones reafirmaron las conclusiones alcanzadas por la misión del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en 2006, que subrayó que todas las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental derivan de la denegación del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Este derecho está inextricablemente vinculado a la naturaleza política del conflicto.

En su informe, Amnistía Internacional afirma que "El Sáhara Occidental es objeto de una disputa territorial entre Marrueco, que anexó la antigua colonia española en 1975 y clama  soberanía sobe ella y el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), que clama por un Estado independiente ". Agrega que, " Las autoridades marroquíes continúan mostrando poca tolerancia para aquellos que expresan públicamente opiniones a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Continúan siendo su blanco no sólo los activistas saharauis que abogan por la autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental, sino también los defensores saharauis  de derechos humanos ", subrayando que" " en algunos casos documentados por Amnistía Internacional, las acciones de algunos funcionarios de seguridad marroquíes parecen también haber sido tomadas deliberadamente para castigar a manifestantes por defender la autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental ."

En su informe, Human Rights Watch se refiere al origen del conflicto saharaui-marroqui en 1975 después de que Marruecos tomara control de los territorios saharauis. Establece que, "Marruecos ha reclamado la soberanía y administrado el Sáhara Occidental como si fuera parte de Marruecos, a pesar del hecho de que las Naciones Unidas no le reconocen tal soberanía y clasifican el Sáhara Occidental como territorio no autónomo". También subraya que las Naciones Unidas tenían previsto celebrar un referéndum acordado por las dos partes en 1991, pero "el referéndum no ha tenido lugar debido a las objeciones de Marruecos, que rechaza la independencia como una opción" mientras "el Polisario continúa insistiendo en un referendo que incluya la independencia como una opción".

La Asociación marroquí de derechos humanos afirma en su informe que todos los hechos indican que " la configuración del campamento de Gdeim Izik tuvo lugar en un momento marcado por el deterioro de la situación social en el territorio" que "fue escenario durante algunos años y desde el desencadenamiento del conflicto sobre el Sáhara Occidental entre Marruecos y el Frente POLISARIO, de fuertes ofensivas y graves violaciones de los derechos humanos."

En sus conclusiones, la asociación subraya que "el territorio es todavía escenario de muchas violaciones de derechos... humanos y políticos y civiles como resultado de la continuación del conflicto en el Sáhara Occidental, a pesar de la disminución de la intensidad del conflicto tras el alto el fuego. Esta situación fácilmente conduce a la conversión de cualquier movimiento social en carácter político, similar a lo sucedido en El Aaiun tras el desmantelamiento del campamento. Las demandas sociales de los residentes de los campamentos tomaron rumbo político como se reflejó en sus acciones y eslóganes. "

2. Gdeim Izik Camp: carácter pacífico y origen

Además de los testimonios dados por observadores internacionales independientes y medios de comunicación y por el mismo Gobierno marroquí, los informes coincidieron en el carácter pacífico del campamento de Izik de Gdeim.

Amnistía Internacional señala que "El campamento de Gdim Izik se estableció a principios de octubre por saharauis que protestaban contra su perceptible marginación y demandaban puestos de trabajo y vivienda adecuada "y agrega que "Los manifestantes se quejaban de que, aun siendo originarios del Sáhara Occidental, eran discriminadas por las autoridades marroquíes y no recibían una parte equitativa de la riqueza y otros beneficios que se derivan de los recursos naturales de la región." En el mismo sentido, Human Rights Watch se refiere a " a unas seis mil quinientas tiendas de campaña [que]los saharauis habían levantado a principios de octubre para protestar contra sus condiciones sociales y económicas en el Sáhara Occidental bajo control marroquí."

La Asociación marroquí de derechos humanos señala que "desde el 10 de octubre de 2010, parte de la población de la ciudad de El Aaiun se embarcó en un éxodo hacia la región de Gdeim Izik (12 km al este de La RASD) donde levantaron sus tiendas y organizaron su campamento como una forma de protesta". Agrega que, "la frustración resultante de la restricción de las libertades, la represión de las protestas y el deterioro de las condiciones socio-económicas eran el trasfondo y el contexto general en el que los manifestantes lanzaron su movimiento de protesta en el campamento de Gdeim Izik". Señala además que "la gente del territorio dice que no se beneficia de los abundantes recursos de la región, cuyos beneficios se invierten fuera del territorio, y que esta situación ha privado al pueblo de tener oportunidades de empleo."

La Asociación también destaca el "respeto y reverencia que disfrutan los miembros de la Comisión de diálogo entre los residentes del campamento" y añade que "todoslos testimonios mostraban que el campamento estaba bien organizado, incluyendo el discurso oficial [Marruecos] que, a través de los medios de comunicación, expresó su admiración por la organización eficaz del campamento."

La Asociación expresa su sorpresa por el hecho de que las autoridades marroquíes "abrieran el diálogo con los manifestantes" pero que en la "tarde del 7 de noviembre de 2010, un cambio fundamental tuvo lugar cuando el discurso oficial comenzó a hablar sobre el colapso del diálogo y que las mujeres y los niños en el campamento estaban siendo retenidos contra su voluntad por el grupo responsable del campamento. Por otra parte, una campaña de prensa fue puesta en marcha, que tuvo un impacto considerable en los acontecimientos sobre el terreno donde algunos medios de comunicación empezaban a describir el Comité de dirección del campamento como un grupo de delincuentes y ex convictos. "

En conclusión, el informe de la asociación subraya "todos los testimonios y evidencias que indican que el Estado marroquí es el responsable de la aparición del movimiento social de protesta y la creación de campamento de Gdeim Izik como resultado de políticas mal llevadas a cabo en la región en diversos dominios".

3. Ataque en campo de Izik de Gdeim: violencia y hechos impactantes

Con pequeñas diferencias en los detalles, los informes concuerdan en los principales aspectos de la operación de desmantelamiento llevado a cabo por las fuerzas marroquíes y en los posteriores ataques en la ciudad de El Aaiun y en el hecho de que la violencia fue utilizada en ambos casos.

En su informe, la Asociación marroquí de derechos humanos afirma que, el 7 de noviembre de 2010 y "de acuerdo a declaraciones de algunos testigos presenciales, el campamento fue rodeado, se reforzaron las barreras de seguridad y se prohibió a los vehículos entrar en el campamento."

Añade que "toda la información recopilada por la Asociación hace creer que el ataque al campamento tuvo lugar sobre las 6: 30 am, y que la gente en el campamento no tuvieron   suficiente tiempo para comprender lo que estaba sucediendo y para abandonar el campamento, debido a que el intervalo entre el anuncio oficial de la decisión de desmantelar el campamento y la intervención real de la fuerza pública era demasiado corto."

Amnistía Internacional, por su parte, señala que la "El desmantelamiento del campamento por las fuerzas de seguridad fue acompañado por una violencia considerable. Manifestantes saharauis que se encontraban en el campamento dijeron a Amnistía Internacional que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes les habían golpeado con bastones y derribado sus tiendas para obligarlos a abandonar y a desalojar la zona". , A continuación, añade que, "tras el desmantelamiento forzoso del campamento, la violencia se extendió rápidamente a la ciudad del Aaiún.""

Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para el programa de Oriente Medio y África del Norte, dijo: "que esto fue claramente un incidente muy grave que amenaza con incrementar más la tensión en el Sáhara Occidental."

De acuerdo con informes recibidos por Amnistía Internacional, "los primeros residentes que percibieron la inminencia de la operación de las fuerzas de seguridad lo fue alrededor de las 6.00 AM del lunes cuando un helicóptero sobrevoló el campamento ordenando a los residentes abandonarlo. Minutos más tarde, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento, golpeando a los residentes además de recurrir al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua caliente para forzarles a salir de las tiendas de campaña que luego fueron quemados o arrasadas con bulldozers. "

El informe de la Asociación marroquí de derechos humanos llama la atención sobre "la ambigüedad acerca del repentino cambio de la posición de las autoridades, de su compromiso para responder a las demandas de los manifestantes a la decisión de desmantelar el campamento por la fuerza". La asociación señala además que "durante el desmantelamiento del campamento, las autoridades públicas no tomaron cuenta del hecho de que habían grupos vulnerables entre los residentes, ya que ellos no hicieron ninguna contemplación ante el hecho    de que había ancianas, mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad."

El informe señala en este contexto, "el hecho de que la seguridad de las autoridades faltaron a su deber y responsabilidad de proteger la propiedad pública y los ciudadanos, al estar completamente ausentes de la ciudad de Aaiún durante la mañana del 8 de noviembre de 2010, mientras que por la noche se dedicaron a incitar a algunas personas a que saquearan comercios y domicilios".

4. Secuestros y desapariciones: tortura y discriminación contra los saharauis

Los informes confirman la práctica extendida de casos  secuestro, detención y tortura, e indican que la no información a las familias de la detención prolongada de sus parientes representa en sí  un caso de desaparición.

En su informe, Amnistía Internacional afirma que "Durante el desmantelamiento del campamento y tras la violencia en el Aaiún, unos 200 saharauis fueron detenidos por las fuerzas de seguridad el 8 de noviembre y en los días siguientes, e incluso en diciembre. Decenas de los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos, pero más de 130 personas se enfrentan actualmente a juicio en relación con los acontecimientos del 8 de noviembre. Por el contrario, no se sabe de ningún residente marroquí que haya sido detenido en relación con los ataques contra los saharauis, sus hogares y sus  propiedades perpetrados tarde el 8 de noviembre, y ninguna investigación ha sido iniciada sobre  las denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos infligidos a los saharauis por las fuerzas de seguridad.""

Los informes notan que, "en la práctica, sin embargo, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley golpearon y atacaron a saharauis que no suponían amenaza para ellos o para otros y esto puede haber contribuido a más violencia".

Añade que "todos los saharauis que han sido detenidos o arrestados por las fuerzas de seguridad marroquíes que fueron entrevistadas por Amnistía Internacional, individual y por separado, alegaron que habían sido golpeados o abusados  cuando fueron detenidos o en el momento de su detención, y/o cuando estaban en custodia. En algunos casos, las personas entrevistadas dijeron que habían sido golpeados de manera tal que habían sufrido fracturas en sus extremidades, les quedaban heridas abiertas o habían perdido el conocimiento. Cuando fueron entrevistados por Amnistía Internacional, la mayoría tenía todavía lesiones visibles, las heridas o marcas en su cabeza, cara, espalda o extremidades consistentes con sus acusaciones".

El informe señala que "en otros casos, saharauis fueron sometidos a formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida violación sexual en dos casos, uno de los cuales fue reportado por el detenido al juez de instrucción en el Tribunal y amenazas de violación - que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia". Añade que "en el Aaiún, Amnistía Internacional pidió acceso a los detenidos en la prisión y en el Hospital militar, pero esto les fue denegado".

En relación con casos de tortura, Amnistía Internacional señala "a pesar de la solidez de las pruebas que han surgido sobre asaltos y palizas contra saharauis cuando fue desmantelado el campamento de Gdim Izik y durante la detención posteriormente, hasta la fecha Amnistía Internacional no tiene conocimiento de medidas adoptadas por las autoridades marroquíes para realizar investigaciones y asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de agresiones ilícitas y otros abusos rindan cuentas de sus actos". Añade que "prácticamente todos los saharauis que revelaron a Amnistía Internacional que habían sido agredidos o víctima de malos tratos durante su detención dijeron que no habían presentado denuncias formales por temor a posible a represalias por las autoridades o porque no creían que las autoridades en cuya custodia estuvieron vayan a  efectuar una investigación adecuada sobre los abusos cometidos"

En otras partes del informe, Amnistía Internacional informa que "varios detenidos dijeron a la delegación de Amnistía Internacional que se habían visto obligados por los funcionarios policiales a firmar (o poner sus huelas dactilares) declaraciones que no se les permitía leer".

El informe concluye que "las detenciones de bien conocidos defensores saharauis de derechos humanos y activistas políticos, partidarios de la libre determinación para el pueblo del Sáhara Occidental y críticos de su administración por el Gobierno marroquí, ha suscitado temores de que las autoridades intenten implicar a críticos y opositores pacíficos en los acontecimientos que tuvieron lugar el 8 de noviembre simplemente por sus opiniones políticas y actividades."

En este contexto, Human Rights Watch señala que "Las fuerzas de seguridad de Marruecos ahn  golpeada de forma reiterada y maltratado a personas detenidas tras los disturbios, del 8 de noviembre de 2010 en la capital del Sáhara Occidental de El-Ayoun. Una investigación de Human Rights Watch mostró también que "civiles fueron atacados directamente por las fuerzas de seguridad"

El informe continúa diciendo que "los testigos entrevistados por Human Rights Watch tenían moretones graves y otras heridas recientes que sugirieron que habían sido golpeados en custodia". Añade que "policía golpeó al investigador asistente de Human Rights Watch, Brahim Alansari en una calle de El-Ayoun, cuando estaba en compañía de John Thorne, corresponsal en Rabat del diario en lengua inglesa de Abou Dhabi, The National." También señala que "Alansari describe lo que sucedió después: policías me rodearon y comenzaron a patearme y me golpearon con sus porras y me abofetearon. Me pidieron mi nacionalidad. Cuando me negué a contestar, parecían enojados y comenzó a otra vez a golpearme. "

En su testimonio que figura en el informe, el periodista John Thorne dice "alrededor de una docena de policías - algunos en trajes verdes, otros con material antidisturbios azul - rodeado de Brahim y empezaron a golpearle. No pude ver cuántos policías golpearon a Brahim, pero pude ver que fue golpeado con las manos y porras al menos veinte veces durante unos minutos. La policía condujo a Brahim para sentarlo a mi lado. "

En su informe, la Asociación marroquí de derechos humanos afirma que "todos los testigos presenciales entrevistados por la asociación, dijeron que se utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua caliente y piedras para forzar la eliminación del campamento, mientras que otros testimonios mencionan el uso de balas".

El informe añade que "las detenciones fueron arbitrarias cuando se detuvieron a personas que no tenían nada que ver con el campamento" y que "las declaraciones hechas por algunas personas y los detenidos liberados o las expresadas por sus abogados, así como por testigos presenciales, entre ellos  miembros de la Asociación, todas indican que los detenidos fueron sometidos a diversas formas de tortura, trato inhumano y degradante, incluida la golpiza, insultos,  ojos vendados, privación de sueño, orina sobre los detenidos y  amenaza de violación sexual." Según el informe, los abogados de los detenidos declararon que " mientras estábamos en compañía de los acusados ante el Fiscal General, pudimos ver que los detenidos mostraban señales de tortura, como contusiones azules, heridas y sangre seca Algunos de ellos todavía estaban sangrado. Marcas de tortura eran claramente visibles en las piernas, cabeza, cara y manos. Algunos se quejaron de que fueron torturados. Algunos no podían sentarse y algunos no podían incluso firmar sus declaraciones debido a la terrible tortura de que fueron objeto. "

El informe afirma que la Comisión de investigación "recibió pruebas de muchos casos de abusos contra mujeres durante el desmantelamiento del campamento y los acontecimientos posteriores, que tuvieron lugar en El Aaiun".

5. Los colonos marroquíes: implicación deliberada por el estado marroquí

En su informe, Amnistía Internacional señala que "El Aaiún, a continuación, fue escenario de un brote de violencia el 8 de noviembre cuando residentes marroquíes, a su vez, atacaron hogares y empresas saharauis, dañando, saqueando o prendiendo fuego a sus propiedades y vehículos y en algunos casos golpeando a los residentes saharauis""

En particular, el informe subraya que "Más tarde, el mismo día, algunos residentes marroquíes del Aaiún salieron en gran numero y atacaron a numerosas casas y tiendas saharauis. Algunos ataques parecían discriminados, siendo dirigidos contra filas enteras de tiendas, mientras que otros fueron aparentemente más orientados, como casas individuales o apartamentos. Este tipo de ataques se llevó a cabo en varios distritos. En la mayoría de los casos investigados por Amnistía Internacional, las familias cuyas viviendas fueron atacados y que habían visto a los atacantes dijeron que habían sido acompañados por miembros de las fuerzas de seguridad que habían actuado ya sea pasivamente o habían directamente ayudado en la realización de ataques. Amnistía Internacional visitó varias casas cuyas puertas y ventanas habían sido rotas y los muebles fueron destrozados y dispersados, cerrojos de puertas forzados y ocupantes que se quejaron de que sus propiedades fueron robadas. "

En su informe, Human Rights Watch también señala que "A raíz de los enfrentamientos violentos iniciales, las fuerzas de seguridad marroquíes participaron con marroquíes civiles en ataques de represalias contra civiles y hogares e impidieron que saharauis heridos buscaran tratamiento médico. "

Añade que "Human Rights Watch visitó los barrios Haï Essalam y Colomina Nueva, donde numerosas casas de saharauis fueron atacados el 8 de noviembre y el 9 por grupos que incluyen a miembros de la fuerzas de seguridad y personas en ropa de calle, algunos de los cuales parecen ser civiles marroquíes, informaron los habitantes. Las personas entrevistadas describen cómo los asaltantes golpeaban a los residentes dentro de sus hogares y dañaban sus propiedades. "

En su informe, la Asociación marroquí de derechos humanos se refiere a "al recurso de las autoridades públicas a incitar a una parte de los habitantes de la ciudad de El Aaiun para participar en una especie de castigo colectivo contra otros residentes de varios barrios, donde algunas personas fueron golpeadas y otras heridas. Algunas personas tuvieron que cantar consignas que iba en contra de sus propias convicciones, al mismo tiempo que veían como las puertas de sus casas eran destruidas y sus bienes destrozados. Este método utilizado por las autoridades no era nuevo, ni fue específicamente vinculado a estos eventos. Fue utilizado antes, y esto es un método peligroso y puede dar lugar a consecuencias incalculables. "

Sin embargo, el informe también señala que "No tenemos datos sobre si alguno de los que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar por la noche y participaron en la irrupción en las casas, saqueo de sus bienes y abuso de sus habitantes haya sido detenido". Este hecho también se destacó en el informe de Amnistía Internacional, que afirma que "" hasta la fecha las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre casos de marroquíes arrestado o acusados en relación con los ataques contra saharauis y sus hogares y propiedad.""

6. El estado de sitio, expulsión de observadores y denegación de acceso a la información

En su informe, Amnistía Internacional señala que "El hecho de que las autoridades marroquíes no hayan informado a las familias de los saharauis sobre el paradero de los detenidos y las restricciones que impusieron para el acceso al Territorio( negación del acceso al mismo y expulsión de periodistas extranjeros y miembros de organizaciones de la sociedad civil) después de que las fuerzas de seguridad desmantelaran por la fuerza el campamento de Gdim Izik, hizo difícil  obtener y verificar información".

De acuerdo con el informe, las autoridades marroquíes en Rabat y El Aaiun "proporcionaron poca información más allá de lo que se había publicado en los medios de comunicación. En particular ,no ofrecieron a Amnistía Internacional evidencias u otro tipo de información en apoyo de su afirmación de que algunas personas habían sido retenidas  en el campamento contra su voluntad, y ninguna lista de víctimas mortales o bajas o  informes médicos o  detalles de la pauta de las lesiones sufridas por los que murieron o resultaron heridos en ambos lados .""

En este contexto, el informe de Human Rights Watch señala que "Después de que el campamento fuese desmantelado, las autoridades marroquíes decretaron un estrecho acceso a El-Ayoun, permitiendo a pocos periodistas o representantes de organizaciones no gubernamentales llegar a la ciudad e hicieron a otros muchos que lo habían intentado dar la vuelta. Un investigador de Human Rights Watch fue impedido dos veces de embarcar en un vuelo a El-Ayoun el 11 de noviembre. "

Sarah Leah Whitson, Directora de la Sección Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch, dijo: "estamos contentos de que Marruecos haya cambiado de posición y permitido a Human Rights Watch ingresar para llevar a cabo una investigación en El-Ayoun". Agrega que "sin embargo un Gobierno que dice repetidamente que no tiene nada que ocultar debe demostrarlo permitiendo a todos los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales venir y recopilar información sin trabas".

En su informe, la Asociación marroquí de derechos humanos afirma que "cuando la Asociación llegó al aeropuerto de Casablanca, el 12 de noviembre de 2010, pudimos ver directamente como el periodista Lemrabet y un representante de Human Righjt Watch eran impedidos de embarcar en el avión. En El Aaiun, es difícil tener acceso a la información disponible; la libertad de movimiento del corresponsal del periódico The National estaba restringida, y la Asociación tropezó con dificultades durante su visita al campamento. "

7. La refutación de las afirmaciones realizadas por el Gobierno de Marruecos

En general, además de otros testimonios, los informes han refutado la versión oficial marroquí con respecto a todas las etapas del brutal ataque llevado a cabo contra  los civiles saharauis en el campamento de Izik de Gdeim Izik y en la ciudad ocupada de El Aaiun, como puede verse claramente en el resumen anterior.

Por ejemplo, en el informe de Amnistía Internacional se señala que las autoridades marroquíes afirmaron, en su explicación del ataque contra el campamento, que "Tenían información de  que algunos de los manifestantes del campamentos estaban allí contra su voluntad."El informe agrega que "Un equipo de investigación de Amnistía Internacional que visitó la zona del Aaiún en la segunda mitad de noviembre no encontró, sin embargo,  pruebas en apoyo de la aseveración del Gobierno de que algunas de las personas en el campamento se encontraban  contra su voluntad.""

En otra sección del informe, Amnistía Internacional señala que "El Ministro del Interior, Taïeb Charkaoui, había declarado públicamente que "ni un solo tiro había sido disparado' por las fuerzas de seguridad el 8 de noviembre; sin embargo, esto se contradice con la información obtenida por Amnistía Internacional. La organización investigó varios casos en que saharauis, hombres y mujeres, resultaron heridos por balas de goma disparadas por miembros de las fuerzas de seguridad en el campamento de protesta y por balas de fuego en El Aaiún.""

En cuanto al material de archivo de película difundido por las autoridades marroquíes, el informe afirma que "Las autoridades dijeron a Amnistía Internacional que toda la operación de desmantelamiento del campamento de protesta se realizó unos 50 minutos y que fue filmada desde helicópteros, que grabaron al menos algunos de los enfrentamientos y actos de violencia posteriores en el Aaiún. La grabación en vídeo de los acontecimientos el 8 de noviembre que hasta ahora se ha hecho pública por las autoridades se compone de sólo unos 14 minutos de contenido claramente editado, mostrando la violencia por parte de los manifestantes saharauis; claramente, la divulgación completa de la película es necesaria con el fin de obtener una secuencia completa y exacta de los acontecimientos y de lo que ocurrió. Amnistía Internacional pidió una copia sin editar de la grabación de las autoridades para ayudar a sus propias investigaciones y evaluación de abusos de derechos humanos, pero las autoridades no han respondido hasta ahora a esta petición ni han  hecho disponible la versión completa de la grabación".

8. Recomendaciones

Hay similitud en las recomendaciones formuladas por estas organizaciones en sus respectivos informes y en sus comunicados anteriores. Todos ellos han puesto de relieve la necesidad de una investigación independiente y el establecimiento de un mecanismo para la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

A. Amnistía Internacional

- Asegurar que investigaciones judiciales sean llevadas a cabo en relación a todos los abusos sobre los derechos humanos que presuntamente hayan tenido lugar en relación con los acontecimientos del 8 de noviembre, a través de investigaciones judiciales de cada caso o a través de la creación de una Comisión independiente e imparcial con autoridad para llamar a testigos, con poderes de citación y de acceso irrestricto a toda la información pertinente;

- Adoptar medidas para garantizar que los detenidos estén totalmente protegidos contra la tortura u otros malos tratos;

- Asegurar que los juicios sean justos y se celebren en conformidad con las normas internacionales, en particular que ninguna información obtenida bajo tortura o coacción sea utiliza como prueba en procedimientos judiciales;

- Asegúrese de que los civiles no sean juzgados por una corte militar;

- Modificar el mandato de la MINURSO, cuando sea renovado el 30 de abril de 2011, para incluir en él un mecanismo para vigilar e informar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados administrado por el Polisario en Tinduf, en el suroeste de Argelia. En este contexto, Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para el programa de Oriente Medio y África del Norte, considera que "la ausencia de un mecanismo especificopara la supervisión de los derechos humanos ha socavado la eficacia de la MINURSO y permitido que los  abusos de los derechos humanos tengan lugar sin una adecuada investigación."

B. la Asociación marroquí de derechos humanos

- Llevar a cabo una investigación imparcial y objetiva para establecer las responsabilidades en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar en El Aaiun;

- Las autoridades deben detener la movilización de una parte de la población contra la otra parte así como incitar la enemistad y las rivalidades tribales, el odio y la violencia en la región, ya que esto puede tener consecuencias peligrosas para la estabilidad en la región y para la seguridad y la seguridad de sus habitantes;

- Las autoridades de la región deberán respetar las libertades públicas y que asociaciones de derechos humanos y todas las organizaciones civiles de la región puedan funcionar sin discriminación de ningún tipo;

- La Asociación recordó su exigencia, expresada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, en relación con la necesidad de establecer un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el territorio y para encontrar una solución democrática al conflicto del Sáhara

III. conclusión

En general, los informes revelan hechos peligrosos y testimonios terribles, llegaron a conclusiones importantes y expresaron ciertas exigencias y formularon recomendaciones. Se puede concluir que los informes confirman, sin ninguna duda, que el Gobierno de Marruecos ha cometido no sólo un crimen al desencadenar un ataque militar contra civiles indefensos y los actos a él asociados de asesinato, persecución, opresión, detención, secuestro y destrucción, sino también otros crímenes igualmente peligrosos, cuyas evidencias ha tratado hasta ahora  de ocultar.

IV. El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente POLISARIO reafirma una serie de demandas urgentes y apremiantes que incluyen:

1 La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis y la obtención de información veraz sobre los desaparecidos.

2 Compensación por pérdidas materiales y daños morales sufridos por los civiles saharauis por el ataque de las fuerzas marroquíes al campamento de Izik de Gdeim y La RASD;

3 Levantamiento del bloqueo impuesto sobre el territorio y libre acceso al mismo por observadores independientes y medios de comunicación y la garantía de libertad de movimiento y comunicación con los saharauis.

4 El fin inmediato del saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental por las autoridades de ocupación marroquí.

5 El envío inmediato de una misión internacional independiente al territorio para investigar los sucesos que tuvieron lugar en el campamento de Izik de Gdeim y en la ciudad de El Aaiun.

6 Ampliar el mandato de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para incluir la protección, vigilancia y presentación de informes sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental

§ El memorando se basó en los siguientes documentos:

1. La carta dirigida por H.E. Sr. Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente POLISARIO, a los soberanos del mundo y jefes de Estado y de Gobierno en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar en el campamento de Izik de Gdeim y la ciudad de La RASD.

2. El informe publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 2010 titulado "Las protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental", y un comunicado de prensa emitido por la misma organización el 11 de noviembre de 2010 titulado "Marruecos instado a investigar las muertes en el campamento de protesta del Sáhara Occidental".

3. En un informe publicado por Human Rights Watch el 26 de noviembre de 2010 titulado "Sáhara Occidental: palizas, abusos de las fuerzas de seguridad marroquíes."

4. Un informe en árabe publicado por la Asociación marroquí de derechos humanos de fecha 24 de diciembre de 2010, titulado "Un informe sobre las actividades de la misión de investigación sobre los hechos de El Aaiun relativas al campo de Gdeim Izik de 8 de noviembre de 2010".

AAPSO - 25-01-2011