Colaboradores de Uribe e Paramilitares

Tragedias familiares

Photo: Colaboradores de Uribe e Paramilitares

Por Daniel Coronell (SEMANA)

Al defender la permanencia de la Canciller, el Presidente definió lo que está pasando como una tragedia familiar. "Uno por salvar las apariencias, por el que dirán, no puede ocultar lo que ha hecho tanto daño en tantas familias -dijo el jefe del Estado-. Y no puede salir, simplemente por salvar apariencias, a sacrificar a una compatriota que lo ha hecho bien". El argumento tiene mucho de verdad, nadie puede responder penalmente por lo que hagan sus familiares. Sin embargo, en materia política la situación es otra. Los altos funcionarios no pueden tener 'rabo de paja' familiar. Si esto pasa una vez, un gobierno puede explicarlo y enmendarlo, pero en el gobierno del presidente Uribe sucede lo contrario: Los favoritos del jefe del Estado parecen ser los familiares de personas con antecedentes.

Un buen ejemplo es la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de la Espriella, con un hermano condenado por sus relaciones con el narcotráfico. Un primo senador que ha admitido su cercanía 'ideológica' con las autodefensas y otro primo terrateniente señalado por un testigo como jefe paramilitar de Sucre. El presidente no encuentra inconveniente en estos hechos sino que reconoce que es un gran amigo de esa familia y de Joselito, el más cuestionado de sus miembros.

El caso de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, es distinto porque la situación se reveló después de su nombramiento. Como se sabe, su hermano fue capturado por su presunta participación en el secuestro de un contradictor político, su padre será investigado por los mismos hechos y su otro hermano tiene explicaciones aún pendientes sobre su relación con el jefe paramilitar 'Jorge 40'. Como si le faltaran complicaciones familiares al asunto, un primo hermano de la Ministra, que además es hijastro del Procurador, fue llamado por la Fiscalía para que explique si sus posibles nexos con los paras lo llevaron a convertirse en gobernador del Cesar.

La Ministra no tiene responsabilidad penal en los hechos investigados, ni en lo que hayan podido hacer su papá, sus dos hermanos y su primo, pero salta a la vista que una persona en esas circunstancias no puede llevar la representación exterior de un país. Es imposible que pueda defender un proceso de paz tan cuestionado como el de los paramilitares o ser vocera de la lucha contra el narcotráfico, mientras su familia es procesada por hechos relacionados.

La situación ha llamado la atención incluso de José Obdulio Gaviria, el más cercano asesor del Presidente, quien alcanzó a decir que es necesario que el gobierno debata internamente la permanencia de la Canciller*. Sin embargo, él mismo es otra muestra de esa preferencia presidencial por las familias emproblemadas. Primo de Pablo Escobar y con dos hermanos que han estado presos en Estados Unidos por casos de narcotráfico, José Obdulio calló lo uno y lo otro hasta que fue descubierto por la prensa. Nada de esto ha sido obstáculo para que sus hermanos ocupen cargos públicos y hayan tenido contratos con la Presidencia de la República.

La superintentendente de Subsidio Familiar es Flor Gnecco Arregocés, hermana del ex alcalde de Santa Marta, Hugo Gnecco. Fue nombrada en el cargo mientras su hermano era prófugo de la justicia colombiana.

Teresita García Romero, la hermana del senador Álvaro 'el gordo' García, sigue representando a Colombia en Frankfurt mientras su hermano es procesado por la masacre de un grupo de campesinos.

La directora de la oficina de control interno de la Presidencia de la República, Marina Escobar Araújo, es la cuñada de Reginaldo Bray, el dueño de Dragacol, y hermana del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, el mismo que recibía regalos del lavador de dólares de Salvatore Mancuso.

Un caso puede ser una tragedia, pero tantos ya parecen una política oficial.

Esa propensión a los cuestionados explica, en buena medida, por qué los congresistas capturados -sin excepción- son aliados políticos del gobierno.

Después de salir publicado este artículo la canciller renunció a su cargo el 19 de febrero.