Uruguay ratifica los compromisos de política económica con el FMI

El 13 de junio, el gobierno uruguayo elevó al Directorio del Fondo Monetario Internacional una nueva Carta de Intención para que el organismo mantenga la ayuda financiera que dispuso hace tres años al gobierno de Jorge Batlle. El nuevo compromiso está en inglés en la página web del FMI y no ha sido publicado en español ni en la página de Internet de la Presidencia de la República ni en la del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Uruguay ratifica los compromisos de política económica con el FMI

La nueva Carta de Intención

Luego de señalar que el comportamiento de la economía excede las expectativas del programa acordado ya que el crecimiento para el 2006 estará entre un 4 y un 4,5% y la inflación en el rango de 4,5 a 6,5%, subraya el sólido ingreso fiscal y la “prudente política de gastos”, el firme aumento de las exportaciones y el flujo de capital lo que ha permitido al Banco Central fortalecer la posición de sus reservas en moneda extranjera y el acceso al mercado de capitales y realizar una reestructura de la deuda externa, política que permitió adelantar pagos al FMI.

Uruguay se compromete, a) a lograr un superávit fiscal primario de 3.7%; b) a mantener la inflación en un nivel no superior al 6,5%, regulando el crecimiento de la emisión monetaria en un 28% pero prontos a reducirla si es necesario; c) a consolidar las reservas monetarias pero cuidando un equilibrio compatible con la base monetaria y el control de la inflación; d) continuar la reducción de la vulnerabilidad del sistema financiero.

No obstante, el gobierno uruguayo pide al FMI lo autorice a diferir los plazos de los siguientes compromisos y condiciones asumidas: a) la reforma de la Caja Policial hasta finales de octubre de este año; b) la sanción legislativa de la reforma tributaria hasta setiembre y la implementación de la legislación del sistema financiero hasta noviembre; c) la flexibilidad de los márgenes de política monetaria hasta finales de setiembre y finales de diciembre y d) dos nuevas evaluaciones en el área de crecimiento y de comportamiento de la economía en agosto y noviembre de 2006.

El FMI aprueba pero pide anticipar pagos

El Comité Ejecutivo del FMI aprobó, el 28 de junio, el informe uruguayo y los nuevos plazos solicitados. Además concedió un crédito adicional de 126,2 millones de dólares al préstamo de estabilización de 1.130 (mil ciento treinta millones de dólares) concedidos hace tres años al gobierno de Batlle y que el Frente Amplio se comprometió a respetar, junto con el programa de ajustes de política económica y financiera acordado entonces.

En breve declaración, el Subdirector Ejecutivo del FMI, Agustín Carstens, destacó la “sólida política económica” seguida por el gobierno de Tabaré Vázquez y “la confianza del mercado en el futuro”, la “fortaleza de su posición externa” y la reestructura de la deuda “a pesar de la volatilidad de los mercados financieros internacionales”, agregando: “Las autoridades están comprometidas a continuar la política de reducir los riesgos a mediano plazo, incluyendo el alto endeudamiento externo y la extensa dolarización financiera”.

Carstens señaló cuál debe ser esta política: a) Utilizar el excedente del superávit fiscal primario, por encima del 3,7%, para bajar la deuda (en otras palabras, anticipar los pagos al FMI); b) Control de la inflación; c) Fortalecer la administración fiscal, teniendo en cuenta el aumento de los precios del petróleo; d) Aprobación de la reforma tributaria; e) Reforma del sector financiero en consulta con el FMI y el Banco Mundial; f) Reforma del sistema de jubilaciones y pensiones y g) fortalecimiento de la flexibilidad del mercado laboral.

“Todas estas medidas juntas, finalizó Carstens, estimularán el clima de los negocios reduciendo los riesgos y echarán las bases de un duradero crecimiento”.

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La apuesta de nuestro gobierno

Hemos expuesto, en sus aspectos fundamentales, la nueva Carta de Intención y la posición del Fondo Monetario Internacional –síndico del capital financiero internacional- sobre la política económico-financiera que sigue el gobierno de Tabaré Vázquez, que no es otra que la comprometida por Batlle ante ese organismo financiero.

Frente a estos hechos incontrovertibles, las ilusiones huelgan. Uruguay se ha comprometido a pagar una alta deuda externa – cuyas obligaciones incluyendo amortizaciones e intereses, para los años 2006 y 2007, solamente, suman alrededor de 5 mil millones de dólares- y toda su política económica y fiscal está dirigida a ello. Para alcanzar este objetivo, el FMI expresa que la política macroeconómica –superávit fiscal primario, equilibrio de la balanza de cuenta corriente externa, riguroso control de la emisión monetaria- debe ser mantenida con firmeza y que cualquier excedente del superávit fiscal primario sobre el nivel convenido (3,7%), para pagar intereses, debe destinarse a la reducción de la deuda externa.

Recordamos que el Producto Interno Bruto al 31 de diciembre de 2005, es de U$S 16.442 millones y la deuda pública externa bruta asciende a U$S 14.135 millones, con una relación deuda/PIB del 86%. Las amortizaciones y los intereses absorberán este año y el próximo, el 15% del producto total.

El gobierno se ha comprometido a bajar la relación deuda /PIB al 61% en el 2010. Para alcanzar este objetivo el programa del Ministerio de Economía estima un crecimiento anual del 3,5% en lo que queda del período, que se mantengan los altos precios de los productos exportables, los ingresos y los gastos dentro de los términos convenidos con el FMI, altas tasas de interés para atraer capitales golondrina que financien el déficit de cuenta corriente y una tasa de cambio con dólar barato y estable. La apuesta es, pues, a los beneficios del comercio exterior y a la contracción del gasto interno, incluyendo la inversión pública.

El Estado, que debe ser el promotor del desarrollo, a través de una vigorosa inversión pública con su efecto multiplicador –como lo prueba toda su historia- y a la que se agregará, sólo en este caso y complementariamente, la inversión directa privada, sumado a un sistema bancario estatal, principal concentrador del ahorro y del crédito, en serias dificultades, entrega la riqueza que crean sus trabajadores en un marco de penosa situación social, al usurero extranjero. En consecuencia, el Frente Amplio no está en condiciones de poner en marcha el programa de “país productivo” y mucho menos pagar la “deuda social”. Las finanzas internacionales tienen prioridad y quieren, como el Mercader de Venecia, cobrar todo y lo más rápido posible; de lo contrario, exigirán “la libra de carne”, es decir, la sentencia de muerte para el país.

A ello se agrega un alto precio político: mantener a Uruguay aislado en la región, -a ello apunta el TLC- que es la forma de recuperar su soberanía, para acentuar por el contrario su dependencia, cuando la tendencia mundial es la creación de bloques que hagan posible el desarrollo equilibrado del mapa geopolítico planetario, que mejoren la competencia y la diversificación del mercado global reduciendo el poder absorbente de un solo polo comprador.

Ruiz Pereyra Faget

Julio de 2006.