Colômbia: Cifras verdadeiras

Prensa PCC.- H.D.-El silencio oficial sobre la dramática cifra es evidente. La Corporación Nuevo Arcoíris reveló un estudio según el cual en Colombia van en lo corrido del año 2010  más de 2 mil 500 uniformados muertos y heridos como resultado de las confrontaciones entre tropas oficiales y miembros de las organizaciones insurgentes.

La corporación que dirige León Valencia, desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista CRS presentó este miércoles 1 de diciembre los resultados del  informe denominado 'Balance de las Farc después de Jojoy y los nuevos carteles del narcotráfico',  en el cual se señala además, que la guerrilla colombiana, muestra una gran capacidad de adaptación y que ahora su estrategia es llegar a Bogotá y cambiar el modo de operar.

De acuerdo al estudio las FARC adoptaron una nueva  forma  de actuar en sus acciones contra los organismos del estado, dividiéndose en  pequeños grupos, con  minado de territorios y utilización de armamento artesanal.

Sostiene León Valencia, director de Nuevo Arcoíris, que es un error  pensar que se está cerca del fin de la guerrilla en Colombia, pues estas organizaciones levantadas en armas muestran una capacidad ofensiva pese a  los golpes que le ha propinado la fuerza pública. Las Farc mantienen presencia en el 50 por ciento del país y ahora aplican una nueva estrategia de guerra con el Comando Conjunto de Occidente, al mando de alias Alfonso Cano, en departamentos como Nariño , Valle del Cauca, Cauca y Chocó.
 
El informe de la ONG dista del triunfalismo oficial que tiene enceguecidas a las autoridades y no le permite al presidente Juan Manuel Santos ver salidas distintas  a  la fuerza  y al  militarismo  para encontrar una luz al final del túnel. En el momento actual la comunidad internacional debería  actuar con mayor insistencia para dar un viraje de 180 grados  a la situación proponiendo  posibilidades de acercamientos en la meta de los  acuerdos humanitarios y diálogos civilizados. En Colombia, de la misma manera, los sectores sociales y políticos, defensores de derechos humanos y familiares de policías y militares en manos de la guerrilla tienen el deber de seguir presionando para que las partes logren sentarse y hacer viable un nuevo ambiente para un acuerdo para la paz y las reformas  democráticas para la plena  justicia social.  

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