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Baltazar Garçon e a tortura na América Latina

26.04.2007
 
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Baltazar Garçon e a tortura na América Latina

Mais de uma dúzia de associações contra a tortura em Espanha chamam a atenção para o fenómeno que leva a que - no caso, o juiz vedeta Baltazar Garçon - a mesmo tempo que não cumpre as suas funções profissionais de prevenção contra a tortura em Espanha, se sente chocado e apela à denúncia da tortura ... na América Latina.

Tal atitude pode não ser hipocrisia, mas a sua denúncia pode ajudar as pessoas a verem melhor e com mais atenção aquilo que se passa à sua volta, ao mesmo tempo que devem continuar a denunciar aquilo que se passa lá longe.

Baltasar Garzón, un clavo ardiendo

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=5293

El pasado 10 de abril el canal 2 de la TVE emitió el documental «El alma de los verdugos" codirigido y copresentado por el Juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. El contenido del documental supone posiblemente un espaldarazo a quienes durante tantos años buscan el reconocimiento y la reparación de los cientos de víctimas que sufrieron las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, en definitiva el terrorismo de estado en Argentina, Chile u otros países de Latinoamérica entre los años setenta y ochenta. Siempre es bueno que la tortura se denuncie, y es cierto que el documental puso sobre la mesa una realidad lacerante.

Sin embargo, dudamos, y así lo hacemos público, que la persona más adecuada para vehiculizar esta denuncia sea el juez Baltasar Garzón, quien fue presentado a sí mismo como una autoridad en materia de perseguir a torturadores.

Como el propio Vicente Romero –codirector del documental- aseguró “continúa habiendo torturas en otros lugares, continúa habiendo secuestros, desapariciones y cárceles secretas”. Precisamente Garzón en su actividad diaria al frente del tribunal especial antiterrorista que es la Audiencia Nacional conoce perfectamente esta realidad, de primera mano, siendo que emana de él mismo la orden de incomunicar a las personas acusadas de terrorismo, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas.

Y es que la impunidad de los torturadores no es, algo que afectara sólo a las dictaduras del Cono Sur americano sino también al Estado español. Las recomendaciones reiteradas por el Comité para la Prevención de la Tortura y del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Comité de Derechos Humanos, del Comité Contra la Tortura y del Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, así como de organismos no gubernamentales de la talla de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Mundial Contra la Tortura denuncian un sistema que facilita o ampara la existencia de un cuadro grave de torturas en el Estado español donde, según denuncian las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito, en lo que llevamos de siglo XXI se estarían produciendo más de 700 casos anuales de denuncias de torturas y malos tratos que afectarían a personas de todo tipo y condición.

Pero esas denuncias -y las condenas- no son únicamente genéricas, también apuntan directamente al coautor del reportaje Baltasar Garzón: En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, electrodos, dificultar el sueño, amenazas y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse.

El caso fue resuelto 12 años después en sentencia de 2 de noviembre de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que señaló que tenía la convicción de que la investigación de las denuncias no hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados».

Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi cinco años después de la denuncia- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.

También el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa menciona al Juzgado que dirige Garzón en su informe de la visita de enero de 1997. En dicho informe recoge las alegaciones de tortura sufridas por el ciudadano vasco Jose Arkauz considerando su testimonio “detallado y coherente” contradiciendo la versión dada por el juez ocultando estas torturas en la que sostiene que con Arkauz se cumplieron escrupulosamente “las indicaciones del CPT para prevenir cualquier posibilidad de malos tratos o torturas”. El Comité reprocha al juzgado que no se adoptaron medidas “repetidamente recomendadas por el CPT”, como es la puesta a su disposición un abogado y denuncia además que la actuación del médico forense que lo examinó estuvo plagada de irregularidades.

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