FARC: Derechos humanos y mujeres

El gobierno de Colombia a pesar de ser signatario de la mayoría de convenios, pactos y acuerdos internacionales que sobre esta materia se han generado en el mundo es considerado como uno de los mayores violadores de los derechos humanos y en particular de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales que nos asisten a los colombianos.

Cerca de 35 millones de pobres, de los cuales 20 millones se encuentran en la absoluta miseria, no olvidemos que la población total de nuestro país alcanza los 44 millones de habitantes, donde más del 50% corresponde al género femenino. De las cifras de pobreza, el 54% son mujeres.

Basta ver la escalofriante cifra de pobreza en el sector infantil, la misma alcanza a 6.5 millones de los cuales 1.5 millones se encuentran en la miseria absoluta.

Muchos especialistas hablan ya en nuestro país y en general en Latinoamérica de la feminización de la pobreza, pues dentro de las distintas cifras dadas a conocer más del 50% generalmente son mujeres o niñas.

Y esto responde no a situaciones coyunturales o manifestaciones pasajeras del sistema como se pretende vender, responde a condiciones propias e inherentes del sistema capitalista donde la producción social es apropiada por cada vez menos personas.

Pues la pobreza es del sistema capitalista y sus condiciones estructurales que han lanzado a la calle a más de 100 millones de niños, de los cuales 40 millones se encuentran en Latinoamérica, con cerca de 10 millones de muchachos y muchachas abocados a la prostitución, la drogadicción, y la delincuencia o el trabajo forzado y mal renumerado gracias a la globalización neoliberal del capitalismo.

De que derechos humanos se puede hablar en Colombia si cada día presenciamos ejércitos completos de niños y niñas vendiendo y vendiéndose en las calles de Bogotá, Medellín, Cali o cualquiera de nuestras ciudades. La prostitución de niñas entre 8 y 13 años ha aumentado en un 500%.

2.5 millones de niños trabajan en condiciones de alto riesgo, de los cuales de 1.7 millones de menores entre 12 y 17 años, apenas el 10% accede a la precaria seguridad social nacional y el 50% desarrollan trabajos que afectan su desarrollo integral. De cada 100 niños que trabajan en la informalidad apenas 3 asisten a escuela.

Ni que hablar del derecho a la vida donde la práctica natural del Estado de seguridad Nacional expresado en sus fuerzas militares o cuando se visten de civil, los llamados paramilitares, han degradado el precio de la vida a la nada, donde el asesinato político esta vigente como ley aunque sin estar estatuido.

De ello nos dan cuenta los más de 2 millones de personas desplazadas, de las cuales el 53% corresponde a mujeres y niñas. Los más de 1000 sindicalistas asesinados, los más de 5000 miembros de la Unión Patriótica desaparecidos o asesinados entre los que se cuentan candidatos presidenciales, diputados, senadores, alcaldes, dirigentes populares, campesinos e indígenas. La inexistente posibilidad de cualquier expresión legal y pública de oposición política al establecimiento esta a la vista.

La administración fascista de Álvaro Uribe ante la incapacidad de debilitar o destruir las guerrillas revolucionarias de las FARC-EP, emplea detenciones masivas de indefensos y humildes pobladores calumniados de guerrilleros, terroristas o narcoterroristas con elevados saldos de mujeres y niños afectados por la política de terror del Estado al amparo de la Seguridad Democrática. FARC-EP