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III Encontro do Movimento das Vítimas dos Crimes do estado

07.08.2006
 
Pages: 12345
III Encontro do Movimento das Vítimas dos Crimes do estado

DeVer 277 – Declaración Final III encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Ocho propuestas para la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad

Declaración final del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

El segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano político, y profundamente regresivo en el plano social.

Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La política de “seguridad democrática” incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía, la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno.

Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una competencia que favorece únicamente a la economía de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del país, el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y una extensión social de la pobreza absoluta.

En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción. En estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares respaldada por las unidades del Ejército y la Policía (realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social y político a través de la infiltración de las instituciones, para después instituir el lavado de activos, la contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de tierras.

La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un significativo ascenso de la acción pública de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y organización de las asociaciones de víctimas y sobrevivientes.

Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.

1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales

Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.

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