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Colômbia de Uribe acusado e condenado

02.12.2006
 
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Colômbia de Uribe acusado e condenado

O Tribunal Internacional contra a Impunidade condenou em 25 de Novembro as graves violações contra direitos humanos e crimes contra a humanidade em Cuidad Bolívar e no Bairro Altos de Cazucá, sul de Bogotá, perpetrado pelo Governo da Colómbia. O tribunal também indica a responsabilidade da União Europeia, os EUA, três multinacionais e os municípios de Bogotá e Soacha.

Tribunal Internacional condena a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos

Edwin Novoa | Periódico El Turbión

El fallo dictado el pasado sábado, 25 de noviembre de 2006, en horas de la tarde por el Tribunal Internacional contra la Impunidad, tras analizar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar y, en particular, en el barrio Altos de Cazucá del sur occidente de Bogotá, declaró responsables de estos ilícitos al actual gobierno colombiano, a la Unión Europea, al gobierno de los Estados Unidos, a tres multinacionales, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a los organismos de seguridad del Estado.

El Tribunal Internacional fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, diversas organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá y el Proyecto Justicia y Vida.

El Tribunal, realizado los días 24 y 25 de Noviembre en el capitolio, se convocó a raíz de cerca de 600 homicidios, múltiples atropellos de las autoridades, y un sin fin de hechos sistemáticos, reprochados por la comunidad Internacional. Si bien esta decisión no es jurídicamente vinculante, construye opinión pública alrededor de estos graves hechos, ocultados por los medios de comunicación de los monopolios.

Ocho jueces conformaron el tribunal: el maestro François Houtart de Bélgica, como presidente; el padre Javier Giraldo, vicepresidente; Carmen Kardag de Filipinas; Patricia Dahl de Estados Unidos; Alexis Ponce de Ecuador; James Deckard y el maestro Orlando Fals Borda. Ejerció como fiscal Christopher Ferguson de Suiza. Adicionalmente, se esperaba la asistencia de representantes del Estado colombiano, que no se presentaron a justificar la política de seguridad democrática y sus efectos.

El tribunal fue instalado por el senador Alexander López Maya y por el presidente del mismo. Posteriormente, se dio lectura a una ponencia de Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, y otra del padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos, en las que se explicó el grave contexto de impunidad que se vive en Colombia, a raíz de las políticas de seguridad democrática del actual gobierno, la llamada ley de justicia y paz, y las políticas neoliberales.


Demostradas graves violaciones a los derechos humanos

A través de 21 testimonios recibidos y analizados por el tribunal, se pudo apreciar el carácter sistemático de los graves hechos violatorios de toda normatividad en materia de Derechos Humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, capturas y detenciones ilegales, control territorial por parte de paramilitares, etc. En suma, crímenes de lesa humanidad que, principalmente, han afectado a la población más joven, violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y, en sentido general, a los derechos sociales, económicos y culturales, que han sido desconocidas por el Estado Colombiano.

Sin embargo, es muy importante aclarar que todos estos hechos, documentados y probados a través de los testimonios, no son situaciones aisladas o repentinas, ni tampoco son brotes de desorden público: obedecen a toda una política estatal y sistemática en la que las organizaciones paramilitares, paradas sobre un piso jurídico de impunidad, ejercen todo tipo de represión, tolerada y, además, incitada por la propia Fuerza Pública.

De acuerdo a las evidencias presentadas, el tribunal señaló que estos hechos no se presentan repentinamente, ni por una simple lucha por ejercer un control territorial, sino que son causados por la imposición de políticas neoliberales y por una marcada disposición de darle cabida a intereses de multinacionales extranjeras: la zona sur de Bogotá y, específicamente, Altos de Cazucá y una gran parte de Ciudad Bolívar poseen un alto potencial de recursos mineros que se explotan ampliamente para el sector de la construcción y, por lo tanto, representan una inmensa fuente de dinero, que no está al alcance de los habitantes de la zona.

El Parque Minero Industrial que se conformó en la zona, además de lesionar de forma grave el medio ambiente, al ser minería a cielo abierto, es el resultado de la imposición de políticas recetadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, lo que implicó que las explotaciones mineras fueran apropiadas por cuatro multinacionales, a través del uso desmedido de la fuerza y bajo el marco de la seguridad democrática.

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